09 Oct 2015 Las eólicas exigen una compensación mínima a Industria de nueve millones
El concurso eólico del bipartito era, para el conselleiro de Economía, “oscuro e inconstitucional”, con “tachas de ilegalidad” e “inviable jurídicamente”. Estas y otras perlas adornaron el discurso de Javier Guerra durante los meses que siguieron a su nombramiento, en 2009, al frente del departamento de Industria en la Xunta. Poco tardó en suspender el reparto de 2.290 megavatios autorizado por su antecesor, Fernando Blanco, y aprobar a toda prisa una ley que habilitaba una tasa a los molinos. A raíz de aquella decisión, las empresas ganadoras del primer reparto de mevagatios vieron cómo sus supuestas concesiones se esfumaban.
La Xunta dirigida por el PP eligió entonces un camino que se ha demostrado de nula cobertura legal para desistir del procedimiento de concesión y así poder organizar su propio reparto del viento. Ahora, en la recta final de la legislatura, tras varios varapalos judiciales durísimos —el último, la sentencia conocida en agosto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desmontó las decisiones tomadas por Guerra y halló pruebas de “desviación de poder”—, el camino jurídico que varias empresas han empezado a recorrer amenaza con estallar bajo los pies de la Consellería con argumentos parecidos a los que la dirección general de Industria utilizó entonces para tumbar el decreto.
Varios despachos de abogados consultados por este periodico preparan una batería de reclamaciones monetarias por responsabilidad patrimonial que, según distintas fuentes, podrían oscilar entre 3.500 y 6.000 euros por megavatio (horquilla en que se mueve el coste de elaboración de los proyectos que fueron tramitados por la Xunta dirigida por Emilio Pérez Touriño). La factura por el error de la Consellería, aventuran varias empresas del sector, sumaría entre nueve y 14 millones de euros, aunque cada caso es distinto.
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